SAN, 19 de Enero de 2000
| Ponente | JOSE LUIS SANCHEZ DIAZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2000:162 |
| Número de Recurso | 0574/1999 |
SENTENCIA
Madrid, a diecinueve de enero de dos mil.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo nº 8/574/99, que ante esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador Dº PEDRO VILA
RODRIGUEZ, en nombre y representación de REPSOL PETROLIFEROS, S.A., frente a la
Administración General del Estado, representada por el Sr. Letrado del Estado, contra
desestimación presunta del escrito dirigido al Sr. Ministro de Fomento con fecha 10 de Diciembre
de 1.998, (que después se describirá en el pirmer fundamento de Derecho), cuya cuantia es
1.950.691 pesetas, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS SANCHEZ DIAZ.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito presentado en fecha 21 de Abril de 1.999, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por Auto de fecha 25 de Junio de 1.999 previas actuaciones para acreditar la postulación en forma con publicación en le Boletín Oficial del Estado del anuncio prevenido por la Ley y con reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito presentado el 24 de Septiembre de 1999, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 17 de Noviembre de 1999, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos juridicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso.
Por Providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 12 de Enero de 2000, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
Se impugna la desestimación presunta, del recurso ordinario interpuesto contra liquidación por un importe total de 1.950.691 pesetas. según factura de fecha 10 de Noviembre de 1.998 por la Autoridad Portuarial de Santa Cruz de Tenerife desembarque exterior de mercancias, grupo Tercero Tarifa de mercancias T-3.Y ello al entender la entidad recurrente que puesto que tales liquidaciones traen causa en la Orden Ministerial de 30 de Enero de 1.996 e incurrir ésta en vicio de nulidad radical por infracción de lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución; interpretado conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1.995, de 14 de Diciembre y a la doctrina del Tribunal Supremo plasmada en numerosas sentencias de las que son exponente las dictadas con fecha 24 de Enero y 8 de Enero de 1.996; deben ser anuladas las liquidaciones indicadas con reconocimiento del derecho a la devolución de la cantidad total indicada.
Pretensión que la actora fundamenta además, abordando el tema desde la entrada en vigor de la Ley 27/1.992, de 24 de Noviembre (artículo 70), en que el mero hecho de descargar mercancías no es un servicio prestado por el Puerto indicado sujeto al régimen de tarifas correspondientes a precios privados.
La primera de las cuestiones que se plantean en este recurso se refiere a la falta de competencia de este Tribunal.
Lo aquí planteado aunque se centra en la impugnación de determinadas liquidaciones, se fundamenta en la ilegalidad de la Orden Ministerial en virtud de la cual aquellas se practican .
Se impugna por tanto indirectamente la Orden Ministerial, a través del recurso presentado contra actos que la aplican; y ello estando vigente, tanto la Ley 30/92 de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Comun como la Ley 29/1.998, de 13 de Julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de aplicación a este recurso, dado que el mismo se interpuso con fecha 21 de Abril de 1.999.
El artículo 107, 3 de la Ley 30/92, ya estableció que los recursos contra un acto administrativo que se funden unicamente en la ilegalidad de alguna disposición administrativa de caracter general podran interponerse directamente ante el Organo que dictó dicha disposición.
Es legítimo, por tanto, que fundamentada la interposición del recurso administrativo contra las liquidaciones en nulidad de la Orden Ministerial de 30 de Enero 1.996, la Entidad recurrente acudiese directamente al Ministro para pretender su anulación.
El suplico del escrito dirigido al Ministro el 10 de Diciembre de 1.998, cuya desestimación presunta se impugna expresa y claramente señala que "las liquidaciones por la Tarifa T-3 practicadas por las Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por importe de 1.950.691 pesetas, las cuales deben quedar anuladas se efectua por incurrir en nulidad radical la Orden Ministerial de 30 de Enero de 1.996". La desestimación presunta de tal petición constituye, por tanto, una resolución del Ministro sobre unas liquidaciones que le son directamente impugnadas. Sentado lo anterior resulta justificada la competencia de este Tribunal.
A más razón la nueva Ley Jurisdiccional viene tambien a confirmar la consideración anterior, partiendo de una interpretación conjunta de los artículos 13 parrafo c. y 27.1. Por el primero de los preceptos indicados la atribución de competencia por razón de materia prevalece sobre la efectuada en razón del Organo administrativo autor del acto. En este caso aunque los actos emanen de las Autoridades portuarias, la "materia" que da origen a la impugación viene referida a la ilegalidad de una Orden Ministerial. Pues bien es voluntad del legislador en la nueva Ley que en todas los casos en que se plantee la ilegalidad de una disposición general, esta sea declarada...
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