SAN, 14 de Junio de 2006
| Ponente | JOSE GUERRERO ZAPLANA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 1ª |
| ECLI | ES:AN:2006:2916 |
| Número de Recurso | 245/2004 |
MARIA LUZ LOURDES SANZ CALVOMARIA NIEVES BUISAN GARCIAJOSE ARTURO FERNANDEZ GARCIAJOSE GUERRERO ZAPLANACARLOS LESMES SERRANO
SENTENCIA
Madrid, a catorce de junio de dos mil seis.
Vistos por la Sala citada al margen el Recurso numero 01/245/2004 interpuesto por DISME HEFRYMA S.L., representado por el procurador Sr. ÁNGEL LUÍS MESAS PEIRO, contra la
resolución de fecha 5 de Marzo de 2004 por la que se declara inadmisible el recurso de alzada
interpuesto frente a la anterior resolución dictada por la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de
"Aprovechamiento Hidroeléctrico en el Río Duero, Central de Los Pisones", promovido por DISME
HEFRYMA S.L., habiendo sido parte el Sr. Abogado del Estado. La cuantía del recurso ha sido
fijada en cuantía indeterminada.
Por el indicado recurrente se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado ante esta sala contra el acto mencionado en el encabezamiento de esta resolución, acordándose su admisión y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazado para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que, tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó solicitando la estimación del recurso y la consiguiente anulación del acto recurrido y que se dicte otra resolución por la que se admita el recurso de alzada interpuesto en su día entrando a conocer del mismo.
De lo que consta en el expediente y de las alegaciones de las partes en sus respectivos escritos resulta el siguiente relato de hechos:
La representación procesal de la parte demandada contestó a la demanda mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables, terminó pidiendo la desestimación del presente recurso.
Al no haberse recibido el pleito a prueba, se dio traslado a las partes, por su orden, para conclusiones; en este trámite se evacuó en sendos escritos en los que realizaron las manifes- taciones que le convinieron a sus respectivos intereses.
Con fecha 13 de Junio se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo visto para sentencia.
Ha sido ponente del presente recurso el Magistrado Iltmo. Sr. JOSÉ GUERRERO ZAPLANA.
Se interpone el presente recurso contencioso administrativo frente a la resolución de fecha 5 de Marzo de 2004 por la que se declara inadmisible el recurso de alzada interpuesto frente a la anterior resolución dictada por la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental sobre el Proyecto de "Aprovechamiento Hidroeléctrico en el Río Duero, Central de Los Pisones, promovido por DISME HEFRYMA S.L..
La resolución recurrida considera que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es un acto de naturaleza instrumental ó de tramite sin que la exigencia de publicación desnaturalice dicha naturaleza y sin que sea susceptible de impugnación autónoma. En apoyo de esta naturaleza instrumental considera aplicable, también, lo dicho por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de Noviembre de 1998 en relación a la Presa de Itoiz.
La parte recurrente, en su escrito de demanda, considera que la declaración de inadmisibilidad del recurso de alzada le genera indefensión y que debe admitirse la impugnabilidad de actos que, aun siendo aparentemente de tramite, entrañan verdaderas resoluciones que prejuzgan la cuestión principal afectando a la situación jurídica del administrado. Entiende que para la autorización de la concesión que fue solicitada, la declaración de impacto es de vital importancia por lo que debería admitirse el recurso de alzada al tratarse de un acto de tramite que produce indefensión, y ello en aplicación de lo previsto por el articulo 107 de la Ley 30/92 .
En el caso presente es necesario partir de la base de la naturaleza de la declaración de impacto ambiental y su impugnabilidad separada, tal como resulta de una muy constante jurisprudencia.
La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de Diciembre de 2002 , dictada en el recurso 3320/2001 tiene establecido, de modo contundente, la naturaleza de acto de tramite de la declaración de impacto ambiental y la obligación de su impugnación junto a la aprobación del Proyecto; dice dicha Sentencia que:
Esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias ocasiones - sentencias de 17 de noviembre de 1998, 13 de noviembre de 2002 y 25 de noviembre de 2002 -, sobre esta cuestión, siendo uniforme el criterio de considerar que, en efecto, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al tratarse de un acto inserto en el procedimiento principal de aprobación del proyecto de obra a que se refiere, es un acto de trámite, de tal forma que los vicios, tanto formales como materiales en que haya podido incurrir, han de ser invocados en la impugnación que se realice contra el acto final de ese procedimiento, que no es otro que la aprobación del proyecto de obras.
Así, en la primera sentencia se dijo:
CUARTO.- Se trata pues de analizar la naturaleza jurídica de la Declaración de Impacto Ambiental, para lo cual conviene ante todo contemplar su regulación en el Derecho Comunitario y en las normas de nuestro Derecho Interno que han hecho transposición de sus determinaciones.
A) La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, no impone a los Estados miembros un tratamiento jurídico-procesal de tales evaluaciones que permita su control jurisdiccional autónomo o desligado del que quepa abrir contra la resolución autorizatoria del proyecto; ni impone tampoco lo contrario. La autonomía procesal de los Estados miembros en ese aspecto queda incólume, limitándose las obligaciones que el Derecho Comunitario les impone, en lo que ahora importa, al necesario sometimiento de determinados proyectos a una previa evaluación de su repercusión sobre el medio ambiente, y a la necesaria toma en consideración de ella en el marco del procedimiento de autorización. Destaca aquélla en consecuencia, como es lógico, la relación existente entre la evaluación y la toma de decisión sobre la realización del proyecto, haciéndolo en términos suficientemente indicativos del carácter instrumental o medial de la primera respecto de la segunda. Así, su artículo 1º, número 2, advierte que por "autorización" ha de entenderse "la decisión de la autoridad o de las autoridades competentes que confiere al maestro de obras el derecho a realizar el proyecto"; y dispone en su artículo 2º, número 1, párrafo primero, que "los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización, se sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones"; en el número 2 del mismo artículo que "la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente podrá integrarse en los procedimientos existentes de autorización de los proyectos en los Estados miembros o, a falta de ellos, en otros procedimientos o en los procedimientos que deberán establecerse para satisfacer los objetivos de la presente Directiva"; y en el artículo 8º que "las informaciones recogidas de conformidad con los artículos 5º, 6º y 7º deberán tomarse en consideración en el marco del procedimiento de autorización". Además de lo anterior, no puede por menos de observarse que la Directiva se refiere reiteradamente a la idea o concepto de evaluación, en el que no integra un componente de decisión propiamente dicha; y que cuando se detiene a contemplar la intervención de "las autoridades que puedan estar interesadas en el proyecto, debido a su responsabilidad específica en materia de medio ambiente", lo que impone a los Estados miembros es el deber de que adopten las medidas necesarias para que dichas autoridades "tengan la posibilidad de dar su dictamen sobre la solicitud de autorización" (artículo 6.1).
B) La transposición de dicha Directiva a nuestro Derecho interno se llevó a cabo a través del Real Decreto Legislativo número 1302/1986, de 28 de junio , de Evaluación de Impacto Ambiental, cuya normativa se desarrolla en el Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto número 1131/1988, de 30 de septiembre . De ese conjunto normativo fluye la idea de que la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA, en lo sucesivo) constituye una técnica singular que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente (preámbulo del Real Decreto Legislativo en el inciso primero de su párrafo segundo), que supone y garantiza una visión más completa e integrada de las actuaciones sobre el medio en que vivimos (preámbulo del Real Decreto, en su párrafo segundo) y, en definitiva, una mayor reflexión en los procesos de planificación y de toma de decisiones (ídem); se trata de tener en cuenta a priori las incidencias que puedan derivarse de los procesos técnicos de planificación y de decisión, de tal manera que no se ejecute ninguna actividad que conlleve incidencias notables, sin que previamente se haya realizado un estudio evaluatorio de las mismas (preámbulo de la norma reglamentaria, en su párrafo tercero). De esa técnica evaluatoria, de la EIA, forma parte, a modo de precipitado, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA en lo sucesivo), en la que se plasma un juicio prospectivo, técnico y jurídico, de la Autoridad competente de medio ambiente, que...
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