SAN, 22 de Noviembre de 2004
| Ponente | BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 7ª |
| ECLI | ES:AN:2004:7370 |
| Número de Recurso | 817/2003 |
BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARATMARIA ASUNCION SALVO TAMBOJAIME ALBERTO SANTOS CORONADOANA ISABEL RESA GOMEZJOSE LUIS LOPEZ-MUÑIZ GOÑI
SENTENCIA
Madrid, a veintidos de noviembre de dos mil cuatro.
Visto el presente recurso contencioso- administrativo cuyo conocimiento ha correspondido a esta
Sección Séptima de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional con el número 817/03,
e interpuesto por Dª Estela, contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central de fecha 25 de septiembre de 2003 en materia de pensión de jubilación. En
los presentes autos ha sido parte la Administración demandada representada por el Sr. Abogado del Estado. Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dª Begoña Fernández Dozagarat, Magistrado de esta Sección.
Por Dª Estela se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 25 de septiembre de 2003.
Por providencia de fecha 9 de diciembre de 2003 se admitió el precedente recurso y se reclamó a la Administración demandada que en el plazo de veinte días remitiese el expediente administrativo y realizase los emplazamientos legales.
Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación de fecha 12 de abril de 2004 se concedió a la parte recurrente el plazo de veinte días para que formalizase la demanda, que efectuó el 5 de mayo de 2004, y por diligencia de ordenación de 7 de mayo de 2004 se dio traslado al Sr. Abogado del Estado para que contestase la demanda en el plazo de veinte días.
Por auto de fecha 3 de junio de 2004 se recibió el presente recurso a prueba y una vez practicadas aquellas que se declararon pertinentes se declaró concluso el presente procedimiento.
Por auto de fecha 3 de junio de 2004 se fijó la cuantía del presente procedimiento en indeterminada.
La parte recurrente interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del TEAC de fecha 25 septiembre 2003 en base a los hechos siguientes: Dª Estela se jubiló al cumplir la edad por resolución de 30 mayo 2002 con efectos desde el 31 agosto 2002, acreditándose por el órgano competente 22 años de servicios efectivos al Estado desde el 1 septiembre 1980 a 31 agosto 2002 en el Grupo A Índice 10 del cuerpo al que pertenecía, y se le señaló una pensión de 1.221.56 ¤ mensuales. La interesada solicitó que se le computase el periodo de tiempo de su actividad religiosa desde el 1 enero 1962 al 21 octubre 1979, y la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por acuerdo de fecha 28 noviembre 2002 le señaló nueva pensión por importe de 1.696'82 ¤ señalando como parte de pensión a su cargo 263'28 ¤ mensuales. Contra el acuerdo anterior interpuso reclamación económico administrativa ante el TEAC que en fecha 25 septiembre 2003 la desestimó. Contra la resolución anterior se interpuso recurso contencioso administrativo.
Muestra la parte actora su disconformidad con la obligación que el artículo 5.1º del RD 432/2000 le impone, de satisfacer el capital coste en la pensión de jubilación reconocida, alegando que el mandato contenido en la Disposición Adicional Décima de la Ley 13/96, de 13 de diciembre, para que el Gobierno aprobase las disposiciones normativas necesarias a fin de que a los sacerdotes y religiosos se le computase el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio y en el que no les fue permitido cotizar a la Seguridad Social por su falta de inclusión en dicho Sistema, se ha visto extralimitado por el artículo 5.1º del RD 432/2000, de 31 de marzo, dictado en desarrollo de la anterior, ya que la Ley de Clases Pasivas del Estado de 1.987 no establece ninguna contraprestación, careciendo, por otra parte, la Administración, de facultades para exigir dicha tasa, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la LGT, la facultad originaria de establecer tributos es exclusiva del Estado, ejerciéndose mediante Ley votada en Cortes.
El Real Decreto 432/2000 efectivamente constituye el desarrollo reglamentario, así consta en su propio preámbulo, del mandato establecido por la Disposición Adicional Décima de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, que dispuso que "el Gobierno aprobará las disposiciones normativas que sean necesarias a los efectos de computar, para los religiosos y sacerdotes secularizados, el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio o religión, y en el que no les fue permitido cotizar por su falta de inclusión en el sistema de la Seguridad Social, con objeto de que se les reconozca el derecho a la...
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