SAN, 18 de Febrero de 2011
| Ponente | FERNANDO DE MATEO MENENDEZ |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2011:904 |
| Número de Recurso | 183/2009 |
SENTENCIA
Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil once.
Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del recurso contencioso-
administrativo número 183/09, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Patricia Rosch Nadal, en nombre y
representación de DON Amador , contra la resolución de 21 de enero de 2008 del Secretario de
Estado de Justicia, dictada por delegación del Ministro, por la que se desestima la reclamación por responsabilidad patrimonial
del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Ha sido parte LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO,
representada por el Abogado del Estado.
PRIMERO.- Admitido el recurso y previos los oportunos trámites procedimentales, se confirió traslado a la parte actora para que, en el término de veinte días formalizara la demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito presentado el día 30 de julio de 2009 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó solicitando que se dictara sentencia estimatoria del recurso anulando el acto impugnado en el presente recurso.
SEGUNDO.- Formalizada la demanda se dio traslado de la misma a la parte demandada para que la contestara en el plazo de veinte días, lo que realizó mediante el pertinente escrito, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, solicitando la desestimación del recurso, y que se declarara la plena adecuación a derecho del acto administrativo impugnado.
TERCERO.- Mediante Auto de 24 de septiembre de 2009 se acordó el recibimiento del recurso a prueba, llevándose a cabo la prueba propuesta por la parte actora declarada pertinente, y, una vez presentados los escritos de conclusiones, quedaron los autos conclusos para sentencia. Se señaló para votación y fallo para el día 25 de enero de 2011, continuando la deliberación los días 8 y 15 de febrero, fecha en que concluyó. De conformidad con el art. 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , al formular voto particular el ponente, que era el Presidente de la Sección, se designó como nuevo ponente a don Fernando de Mateo Menéndez, que se encargó de la redacción de la Sentencia.
SIENDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don FERNANDO DE MATEO MENENDEZ.
PRIMERO.- El demandante impugna la resolución de 21 de enero de 2008 del Secretario de Estado de Justicia, dictada por delegación del Ministro, por la que se desestima la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Consta en el expediente que el recurrente interpuso recurso de reposición contra la reseñada resolución, que no ha sido resuelto. La reclamación se presentó el día 25 de julio de 2007.
Desde el 25 de junio de 2004 al 16 de junio de 2006 el aquí actor estuvo ingresado en prisión provisional por resolución del Juzgado de Instrucción número 6 de Arona (Tenerife), dictada en el sumario número 1/2004, al ser acusado de un delito contra la libertad sexual y de una falta lesiones. Por Sentencia de 13 de junio de 2006 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife se absolvió al demandante de los hechos que se le imputaban.
El actor alega, en síntesis, que concurren los requisitos para la existencia de un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, al encontrarnos ante un supuesto de inexistencia del hecho imputado, y si se aplicó el principio "in dubio pro reo" en la Sentencia absolutoria fue respecto a la falta de acreditación del elemento objetivo del tipo, que es la existencia de la violencia e intimidación, por lo que resulta de aplicación del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial . En virtud de ello, se solicita una indemnización de un 66.697,05 euros por los daños y perjuicios padecidos durante el tiempo en que el recurrente estuvo en situación de prisión preventiva, habida cuenta que la estancia en prisión le ha ocasionado secuelas sicológicas importantes, al sufrir un trastorno depresivo reactivo y trastorno neurótico por la situación vivida.
Por su parte, el representante legal de la Administración aduce que no se cumplen los requisitos exigidos en el art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , toda vez que se absolvió al actor por aplicación del principio "in dubio pro reo", y, con carácter subsidiario, se rechaza la valoración del daño efectuado por el recurrente.
SEGUNDO.- La Constitución Española, después de recoger en el art. 106.2 el principio general de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, contempla de manera específica en el art. 121 la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia, reconociendo el derecho a ser indemnizado en los daños causados por error judicial o consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. El Título V del Libro III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 desarrolla en los arts. 292 y siguientes el referido precepto constitucional, recogiendo los dos supuestos genéricos ya citados de error judicial y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, e incluyendo un supuesto específico de error judicial en el art. 294 , relativo a la prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento libre por inexistencia del hecho.
Desde la Sentencia de 27 de enero de 1989 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo , se venía entendiendo por el Tribunal Supremo que el art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial era de aplicación tanto a los supuestos de "inexistencia objetiva" del hecho imputado por el que se decretó la prisión provisional (supuesto que abarcaba los casos en los que no hubiera existido materialmente los hechos delictivos y también aquellos en los que existiendo los hechos estos fueran atípicos), como a los de "inexistencia subjetiva" (supuesto concurrente en aquellos casos en que resultara probada la falta de participación del inculpado, procesado o acusado en el hecho que se le hubiese atribuido, es decir, hecho delictivo existente con prueba de no haber participado en él) excluyendo, como causa de responsabilidad patrimonial del Estado, los supuestos de prisión preventiva seguidos de sentencia absolutoria por falta de prueba de la participación del afectado ("in dubio pro reo") o la absolución por concurrir causas de exención de la responsabilidad criminal, ya sea por exclusión de la antijuridicidad, de la imputabilidad, de la culpabilidad o de la punibilidad, o, en términos más generales, cuando existieran causas de justificación o de inimputabilidad.
Sin embargo, este criterio jurisprudencial se ha cambiado considerando que en el marco del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial solo tiene cabida la "inexistencia objetiva" ya que la interpretación y aplicación del indicado precepto ha de mantenerse dentro de los límites y con el alcance previstos por el legislador, «que en modo alguno contempla la indemnización de todos los casos de prisión preventiva que no vaya seguida de sentencia condenatoria, como ya se ha indicado antes, ni siquiera de todos los casos en los que el proceso termina por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre, planteamiento que, por lo demás y según se desprende de las referidas sentencias del TEDH, no supone infracción del art. 6.2 del Convenio , pues, como se indica en las mismas, ni el art. 6.2 ni ninguna otra cláusula del Convenido dan lugar a reparación por una detención provisional en caso de absolución y no exigen a los Estados signatarios contemplar en sus legislaciones el derecho a indemnización por prisión preventiva no seguida de condena». Así lo afirma el Tribunal Supremo en dos Sentencias de 23 de noviembre de 2010 (recursos de casación números 4.288/2006 y 1.908/2006 ) que con cita en las Sentencias del TEDH de 25 de abril de 2006, asunto PUIG PANELLA c. España, nº 1483/02 , y de 13 de julio de 2010, asunto TENDAM c. España, nº 25720/05 , justifican el cambio de criterio jurisprudencial
Como se indica en el F.J. 3º de la primera de las citadas Sentencias: «No ha de perderse de vista que, como ya hemos indicado al principio, el art. 294 de la LOPJ contempla un supuesto específico de error judicial, que no está sujeto a la previa declaración judicial del mismo exigida con carácter general en el art. 293 de la LOPJ , configurando un título de imputación de responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia, consistente en la apreciación de error judicial en la adopción de la medida cautelar de prisión provisional, que el legislador entiende que se revela cuando la resolución penal de absolución o sobreseimiento libre se produce "por inexistencia del hecho imputado" y no de manera genérica o en todo caso de absolución o sobreseimiento libre.
Pues bien, siendo clara la improcedencia de una interpretación del precepto como título de imputación de responsabilidad patrimonial en todo supuesto de prisión preventiva seguida de una sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre y descartada la posibilidad de argumentar sobre la inexistencia subjetiva, en cuanto ello supone atender a la participación del imputado en la realización del hecho delictivo, poniendo en cuestión, en los términos que indica el TEDH en las citadas sentencias, el derecho a la presunción de inocencia y el respeto debido a la previa declaración absolutoria, que debe ser respetada por toda autoridad judicial, cuales sean los motivos referidos por el juez penal, en esta situación decimos, no se ofrece a la Sala otra solución que abandonar aquella interpretación extensiva del art. 294 de la LOPJ y acudir a una interpretación estricta del mismo, en el sentido literal de sus términos, limitando su ámbito a los supuestos de reclamación de responsabilidad patrimonial...
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STS, 25 de Septiembre de 2012
...dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo nº 183/09 ; con condena en costas al recurrente con la limitación establecida en el último fundamento de derecho de esta Así por esta nuestra sentencia, ......