SAN, 23 de Mayo de 2005
| Ponente | CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 6ª |
| ECLI | ES:AN:2005:6928 |
| Número de Recurso | 553/2002 |
SENTENCIA
Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil cinco.
Visto el recurso contencioso administrativo que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional ha promovido Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Vizcaya, y en
sus nombres y representaciones el Procurador Sr. Dº Vicente Ruigómez Muriedas, frente a la
Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre
Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de fecha 30 de mayo de 2002, relativa a
sanción por vulneración de la libre competencia, siendo Codemandada Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios y la cuantía del presente recurso 75.000 euros.
Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Vizcaya, y en sus nombres y representaciones el Procurador Sr. Dº Vicente Ruigómez Muriedas, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia de fecha 30 de mayo de 2002, solicitando a la Sala, declare la nulidad de las sanciones que nos ocupan.
Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte recurrente para que en plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando lo que en el escrito de demanda consta literalmente.
Dentro de plazo legal la administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando lo que a tal fin estimó oportuno.
No habiéndose solicitado recibimiento a prueba, y evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día once de mayo de dos mil cinco.
En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás Disposiciones concordantes y supletorias de la misma.
Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de fecha 30 de mayo de 2002, por la que se impone a la hoy recurrente, Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la sanción de multa de 75.000 euros, como consecuencia de la comisión deuna infracción tipificada en el artículo 7 de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia, consistente en la vulneración de los artículos 7 y 9 de la Ley de Competencia Desleal, mediante la publicación de anuncios que constituyen actos de engaño y denigración, con afectación del interés público a creer que los servicios de intermediación inmobiliaria de los Agentes colegiados son más fiables que los que prestan otros intermediarios capacitados legalmente que actúan en el mismo mercado.
Debemos analizar las siguientes cuestiones: a) legalidad intrínseca de las manifestaciones contenidas en la publicación realizada por la recurrente los días 14 y 21 de noviembre de 1999 en el periódico "El Correo", b) atipicidad y principio de confianza legítima, c) inexistencia de distorsión grave del mercado y afectación del interés público. Ausencia de prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia, y d) ilegalidad de la multa e improcedencia de su determinación. Vulneración del principio de proporcionalidad.
El Abogado del Estado afirma que el anuncio efectuado por el Colegio demandante constituye una práctica restrictiva de la competencia, prohibida por el artículo 7 LDC, ya que dicha conducta debe reputarse desleal, conforme a los artículos 7 y 9 de la ley 3/1991.
La parte codemandada igualmente se opone a cada uno de los argumentos de la demanda, considerando que la Resolución impugnada es conforme a derecho
La primera cuestión que plantea el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Vizcaya (COAPI Vizcaya), es que las afirmaciones efectuadas en el diario, a las que antes nos hemos referido, eran adecuadas a la legalidad vigente en la fecha de su publicación.
Lo publicado por el COAPI de Vizcaya fue, en resumen, que:
"El único título oficial existente en la actividad inmobiliaria es el de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria....", "¿Qué ofrecen los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria a quien realiza cualquier transacción?: La garantía del profesional titulado."
Mantiene la recurrente que resulta obvia la afirmación contenida en el anuncio de que la titulación de Agente de Propiedad Inmobiliaria (API) era la única reconocida legalmente para el desarrollo de actividades de intermediación inmobiliaria. Pero la afirmación que ahora nos interesa no es esa, sino la de que el API es el único profesional facultado para mediar en operaciones de compraventa y arrendamientos, lo que sencillamente no era cierto en la fecha de publicación del anuncio, ni posteriormente.
No ofrece ninguna duda de que no puede afirmarse, con posterioridad al RDL 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, que los APIS desarrollan con carácter exclusivo cualquier clase de actividad de intermediación inmobiliaria, pues así resulta claramente del artículo 3 del citado RDL 4/2000, que indica que:
Las actividades enumeradas en el artículo 1 del Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta general, podrán ser ejercidas libremente sin necesidad de estar en posesión de título alguno ni de pertenencia a ningún Colegio oficial.
Pero tampoco con anterioridad al RDL 472000 podía afirmarse que la función de intermediación inmobiliaria correspondiera con exclusividad a los APIS, como intenta hacer creer el anuncio del COAPI de Vizcaya. No existe ningún precepto en la normativa anterior al RDL 4/2000 que afirmara que la actividad de intermediación inmobiliaria era exclusiva de los APIS. Desde luego, no puede llegarse a tal conclusión a partir del reconocimiento normativo de esa función como...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
STS, 22 de Abril de 2008
...de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 23 de mayo de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 553/2002, seguido contra la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 30 de mayo de 2002, sobre sanciones por prácticas prohibidas. Han ......