SAN, 1 de Octubre de 2009
| Ponente | DIEGO CORDOBA CASTROVERDE |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2009:4429 |
| Número de Recurso | 316/2008 |
SENTENCIA
Madrid, a uno de octubre de dos mil nueve.
Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del presente recurso contenciosoadministrativo numero 316/2008, interpuesto por la procuradora de los Tribunales doña María Jesús Rivero Ratón, actuando en
nombre y representación de Doña Tomasa , contra la resolución del Ministerio de Justicia de 19 de
septiembre de 2007, confirmada en reposición por resolución de 25 de febrero de 2008, por las que se denegó la solicitud de
nacionalidad por residencia al recurrente. Ha sido parte la Administración del Estado, asistida y representada por el Abogado del
Estado.
Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 23 de septiembre de 2008 en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicita sentencia estimatoria del recurso por la que se anule la resolución recurrida y se conceda la nacionalidad solicitada.
La Administración demandada, una vez conferido el tramite pertinente para contestar la demanda, presentó escrito en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicitando una sentencia en la que se declare la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.
Presentados los oportunos escritos quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 29 de septiembre de 2009, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.
Siendo PONENTE el Magistrado ILMO. SR. D. DIEGO CORDOBA CASTROVERDE.
El presente recurso se impugna la resolución del Ministerio de Justicia de 19 de septiembre de 2007, confirmada en reposición por resolución de 25 de febrero de 2008, por las que sedenegó la solicitud de nacionalidad por residencia al recurrente sobre la base de no haber justificado suficiente buena conducta cívica "ya que según consta en la documentación que obra en el expediente fue condenada en juicio de faltas 392/01 seguido por estafa resistencia y desobediencia".
El recurrente aduce en apoyo de su pretensión que si bien es cierto que fue condenada por una falta de estafa por hechos ocurridos en mayo de 2000 se trata de un hecho aislado de escasa trascendencia, ocurrido varios años antes de presentar su solicitud de nacionalidad, ha cumplido con la pena y responsabilidades civiles que le fueron impuestas y están cancelados los antecedentes penales. Por otra parte, aduce que ha mantenido una conducta irreprochable durante su estancia en España, trabaja en España, paga a la Seguridad Social y tiene a su hija viviendo con ella, por lo que se encuentra integrada.
Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.
Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración (art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.
Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la...
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STS, 7 de Noviembre de 2011
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