SAN, 29 de Octubre de 2007
| Ponente | DIEGO CORDOBA CASTROVERDE |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 3ª |
| ECLI | ES:AN:2007:4391 |
| Número de Recurso | 166/2006 |
SENTENCIA
Madrid, a veintinueve de octubre de dos mil siete.
Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del
presente recurso contencioso-administrativo numero 166/2006, interpuesto por el procurador de los
Tribunales don Javier Cuevas Rivas, actuando en nombre y representación de D. Luis Alberto, contra la resolución del Ministerio de Justicia de 31 de mayo de 2005, confirmada en
reposición por resolución de 2 de noviembre de 2005, por las que se denegó la solicitud de
nacionalidad por residencia al recurrente al no haber justificado suficientemente buena conducta
cívica. Ha sido parte la Administración del Estado, asistida y representada por el Abogado del
Estado.
Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora por término de veinte días para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 14 de junio de 2006 en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicita sentencia estimatoria del recurso por la que se anule la resolución recurrida y se declare el derecho del recurrente a la nacionalidad española.
La Administración demandada, una vez conferido el tramite pertinente para contestar la demanda, presentó escrito en el que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicitando una sentencia en la que se declare la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.
Presentados los oportunos escritos quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 23 de octubre del presente año, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.
Siendo PONENTE el Magistrado ILMO. SR. D. Diego Córdoba Castroverde.
El presente recurso se impugna la resolución del Ministerio de Justicia, DGRN, por las que se denegó la solicitud de nacionalidad por residencia al recurrente al no haber justificado suficientemente buena conducta cívica.
El recurrente aduce en apoyo de su pretensión que ha venido disfrutando de sucesivos permisos de residencia desde 1997 hasta que en el año 2003 le ha sido concedida la residencia permanente; en febrero de 2002 contrajo matrimonio con una española con la que mantiene una relación familiar establece y ha comprado una vivienda en España; desde un punto de vista laboral tiene una relación laboral estable por la que percibe un sueldo mensual; carece de antecedentes penales y se encuentra integrado en su localidad de residencia, datos todos ellos indicativos de un comportamiento socialmente aceptable. Frente a ello es cierto que fue condenado penalmente por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas ocurrido 6 años antes de solicitar la nacionalidad española, constituyendo un hecho único y aislado en su vida, que ha quedado desvirtuado por los restantes indicadores de una buena conducta cívica.
Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.
Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración (art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.
Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente...
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STS, 4 de Abril de 2011
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