SAN, 23 de Diciembre de 2002
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 7ª |
| ECLI | ES:AN:2002:6906 |
SENTENCIA
Madrid, a veintitrés de diciembre de dos mil dos.
Visto el recurso contencioso administrativo seguido ante esta Sección 7ª de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, con el núm. 1.276/01 e interpuesto por D. Cristobal , que actúa en su propio nombre y derecho, contra resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Central de fecha 7 de junio de 2.001, por la que se desestima la
reclamación interpuesta contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas de 8 de febrero de 2.001, de señalamiento de pensión de jubilación y en el que
la Administración demandada ha estado representada por el Sr. Abogado del Estado; y habiendo
sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. Ana Isabel Resa Gómez, Magistrada de la Sección.
Que el demandante formula el presente recurso en impugnación de los actos antes indicados y admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se entregó a la actora para que formalizara la demanda, evacuando el trámite en tiempo y forma, en la que verificó la exposición de hechos y alegó los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su pretensión en el suplico de la demanda, interesando se dicte sentencia por la que estimando el recurso se acuerde la inaplicación en el reconocimiento de su pensión de jubilación del artículo 5 del RD 432/2000, de 31 de marzo, por no estar ajustado a Derecho, procediéndose a la anulación de la obligación impuesta de satisfacer al Tesoro Público, de por vida 224,12 euros mensuales, por el reconocimiento del derecho a una pensión de jubilación en la que, además de los años de vida funcionarial, se le computen, en virtud de lo previsto en la Ley 13/96, años de profesión religiosa.
Que de la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada contestó aquella con la alegación de hechos y la fundamentación jurídica que expuso, solicitando la desestimación de la demanda.
Solicitado y recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta fue declarada pertinente con el resultado obrante en autos, tras lo cual quedaron éstos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 19 de diciembre actual, en el que efectivamente se deliberó, votó y falló, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.
El presente recurso se interpone contra resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central de fecha 7 de junio de 2.001, por la que se desestima la reclamación interpuesta contra resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 8 de febrero de 2.001, de señalamiento de pensión de jubilación.
Son datos fácticos a tener en cuenta para la resolución del presente contencioso, los siguientes: 1.- D. Cristobal , Maestro, fue jubilado con carácter forzoso por cumplimiento de la edad reglamentaria, por resolución de 3 de abril de 2.000 con fecha de efectos de 1 de septiembre siguiente, acreditándose por el órgano competente un total de 22 años de servicios prestados al Estado. 2.- Que el interesado solicitó el cómputo, como sacerdote secularizado, del tiempo transcurrido en dicha actividad y que, según documentación aportada, desarrolló entre el 15 de agosto de 1.953 y el 25 de junio de 1.976, teniendo reconocido como periodo asimilado a cotizado el comprendido entre el 1 de enero de 1.962 y el 25 de junio de 1.976, con arreglo a todo lo cual la D.G.C.P.P.P. procedió a dictar un nuevo acuerdo de señalamiento de pensión de jubilación, de fecha 8 de febrero de 2.001, resultando una pensión mensual inicial de 271.843 pesetas desde el 1 de septiembre de 2.000, señalándose que la parte de la pensión a cargo del interesado una vez aplicada la garantía del artículo 5 del RD 432/2000, que se reducirá en las sucesivas mensualidades en la forma establecida, asciende a 224,12 euros al mes. 3.- Disconforme con dicha resolución el actor interpuso reclamación económico-administrativa que desestimada motiva el presente contencioso.
Muestra la parte actora su disconformidad con la obligación que el artículo 5.1º del RD 432/2000 le impone, de satisfacer el capital coste en la pensión de jubilación reconocida, alegando que el mandato contenido en la Disposición Adicional Décima de la Ley 13/96, de 13 de diciembre, para que el Gobierno aprobase las disposiciones normativas necesarias a fin de que a los sacerdotes y religiosos se le computase el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio y en el que no les fue permitido cotizar a la Seguridad Social por su falta de inclusión en dicho Sistema, se ha visto extralimitado por el artículo 5.1º del RD 432/2000, de 31 de marzo, dictado en desarrollo de la anterior, ya que la Ley de Clases Pasivas del Estado de 1.987 no establece ninguna contraprestación, careciendo, por otra parte, la Administración,...
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