SAN, 2 de Noviembre de 2004
| Ponente | ELISA VEIGA NICOLE |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2004:6813 |
| Número de Recurso | 1170/2002 |
ELISA VEIGA NICOLEJOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERAMARIA ISABEL PERELLO DOMENECHJOSE LUIS SANCHEZ DIAZ
SENTENCIA
Madrid, a dos de noviembre de dos mil cuatro.
Vistos los autos del recurso contencioso administrativo nº 1170/2002 que ante esta Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido la Procuradora Dª Cayetana de
Zulueta Luchsinger en nombre y representación de Promar Iberia, S.L., frente a la Administración
General del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, contra resolución presunta del
Ministerio de Fomento, (que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho), siendo
Magistrada Ponente la IIma. Sra. Dª ELISA VEIGA NICOLE.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso administrativo, mediante escrito presentado el 20 de julio de 2002, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por Providencia de 18 de diciembre del mismo año, y con reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito presentado en 18 de junio de 2003, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos o, en otro caso, se plantee la cuestión de inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 14/2000.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2003, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso.
Por providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 26 de octubre de 2004, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
Se interpone recurso contencioso-administrativo contra Resolución presunta del Ministerio de Fomento, con ulterior resolución expresa de fecha 24 de abril de 2003, en la que se inadmite a trámite la impugnación formulada por la actora contra la liquidación por Tarifa T-3 practicadas por la Autoridad Portuaria de Tarragona, por importe de 4.953,70 euros, por servicios prestados con posterioridad al 1 de Enero de 2001.
El Ministerio de Fomento, aunque inadmite el recurso formulado contra la referidas liquidación, vierte básicamente argumentaciones respecto al fondo de la cuestión debatida y en concreto respeto al principio de "reserva de Ley", una vez entrada en vigor la Ley 14/2000, momento en que se practicaron las liquidaciones que hoy nos ocupan.
Para enjuiciar las cuestiones que plantea este recurso es preciso analizar previamente los presupuestos procesales de competencia y jurisdicción de este Tribunal, y como ya dijimos en la sentencia de 15 de octubre de 2002 ( recurso 2636/2001) :
La competencia en nuestro sistema jurisdiccional contencioso-administrativo está en función del órgano administrativo que dictó la resolución y la naturaleza de la actuación recurrida.
Este Tribunal en precedentes Sentencias se ha declarado competente para resolver los recursos interpuestos en materia de tarifas portuarias, habida cuenta que el acto impugnado emanaba del Ministro y además el motivo por el que se había acudido al Ministro de Fomento, era la ilegalidad de la Orden en la que se basaba la liquidación. La posibilidad de utilizar esta vía está precisamente en el expresado articulo 107 de la Ley 30/1992 en el que el legislador permite utilizar la impugnación directa de un acto singular ante el Ministro únicamente, si la impugnación se basa en la ilegalidad de una disposición general; como ha ocurrido en la casi totalidad de los recursos resueltos por este Tribunal.
Quedaban fuera del ámbito del articulo 107 por tanto los casos en los que la fundamentación del recurso se basa en otros motivos no contemplados en el articulo 107 de la Ley 30/1992, como son aquellos casos en los que se argumentaban razones distintas a la ilegalidad de la Orden Ministerial. Las resoluciones de este Tribunal así lo recogían en sus fundamentos.
Dicho esto, también es adecuado puntualizar que la falta de jurisdicción queda obviada por este Tribunal, en precedentes Sentencias, dada la interpretación que por el mismo se hacia del articulo 72 de la Ley de Puertos, admitiendo que dicho precepto acogía la posibilidad de practicar dos tipos de liquidaciones: las correspondientes a la prestación obligatoria para el usuario de Servicios públicos (tasas) y las que un puerto podía facilitar en régimen jurídico privado.
Hechas estas precisiones previas, ha ser abordada la competencia y jurisdicción de este...
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STS, 9 de Febrero de 2007
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