SAN, 30 de Enero de 2003
| Ponente | JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 2ª |
| ECLI | ES:AN:2003:8556 |
| Número de Recurso | 855/2000 |
JESUS NICOLAS GARCIA PAREDES FELISA ATIENZA RODRIGUEZ MARIA ASUNCION SALVO TAMBO
SENTENCIA
Madrid, a treinta de enero de dos mil tres.
Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo 855/00 que ante esta Sección Segunda de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador D.
JACINTO GOMEZ SIMON, en nombre y representación de Dª Mercedes, frente a la Administración del Estado, representada por el Sr. Abogado del Estado, contra el
acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central, de fecha 08/09 /00 sobre IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (que después se describirá en el primer
Fundamento de Derecho), siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús Nicolás García
Paredes.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo mediante escrito presentado en fecha 13/11/00 contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión a trámite por Providencia de fecha 20/11/00 con reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó demanda mediante escrito presentado en fecha de 06/04/01, en el cuál, trás alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado en fecha 04/07/01 en el cual, trás alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso, y confirmación del acto impugnado.
No solicitado el recibimiento del procedimiento a prueba se dió traslado a las partes para conclusiones con el resultado obrante en autos.
Por providencia de esta Sala se señaló para votación y fallo de este recurso el día 23/01/03 que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
En el presente recurso se impugna la resolución de fecha 8.9.2000, dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central, que confirma en alzada el acuerdo de fecha 25.5.1998, del Jefe del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Oficina Nacional de Inspección, relativo a liquidación por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1991, por cuantía de 24.697.503 pesetas, según Acta de disconformidad de fecha 20 de enero de 1998, en la que la Inspección no admite como disminuciones patrimoniales la minusvalía declarada por el sujeto pasivo con origen en la compra y amortización de bonos de la República de Austria y aplicada en el ejercicio, al no computarse los intereses de los títulos, entendiéndose que la minusvalía se obtiene conjuntamente con los intereses declarados exentos.
La recurrente fundamenta, en términos generales, su impugnación en los siguientes motivos: 1) Caducidad y prescripción del expediente, al entender que, desde la fecha del límite del plazo de pago voluntario del Impuesto, en 20 de junio de 1992 (dado que el ejercicio liquidado es el correspondiente a 1991), hasta la fecha de inicio de las actuaciones inspectoras, en 5 de febrero de 1997, habían transcurrido más de cuatro años, al amparo del art. 64 de la Ley General Tributaria, redacción dada por Ley 1/98, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. 3) Nulidad del Acta por no cumplir los requisitos del art. 50.2b), del Reglamento General de la Inspección, para ser calificada de previa. Y 3) Procedencia de la autoliquidación presentada por el sujeto pasivo en relación con la minusvalía originada por las operaciones realizadas con los denominados "bonos austríacos", que son compensables en el ejercicio declarado. Entiende que es arbitraria la interpretación que hace la Administración en relación con dichas operaciones, sin que distinga entre incrementos y disminuciones patrimoniales, al amparo de las normas de la Ley 44/78, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siendo improcedente la invocación que hace de la norma de valoración 8ª del Plan General de Contabilidad, en relación con los arts. 24, 25 y 28 de la Ley General Tributaria. Invoca la modificación operada en el Convenio de Doble Imposición entre España y Austria en fecha de 24 de febrero de 1995. Y 2 ) Nulidad de la resolución impugnada, por interpretación errónea de las citadas normas de aplicación.
El Abogado del Estado considera que en este caso, el que el acta se limita a la repercusión fiscal de las operaciones realizadas con los "bonos austríacos", es procedente la aplicación del art. 50.2.b), del Reglamento de la Inspección, relativo a la procedencia del acta previa. En cuanto al fondo se remite a lo declarado por esta Sala en diversas Sentencias, entre ellas la de 24 de noviembre de 1998.
Sobre el tratamiento de la figura de la caducidad, la Sala en sentencia de fecha 25 de febrero de 1997, se pronunció sobre la cuestión planteada, relativa a la caducidad del expediente administrativo por el transcurso de seis meses sin que se produjera actuación administrativa alguna. En dicha resolución se declaraba en el Fundamento Jurídico Sexto: "Ciertamente la caducidad del procedimiento por el transcurso de más de seis meses, no se contempla en nuestras normas tributarias como causa de terminación de los procedimientos administrativos. Al transcurso del tiempo, unido a una inactividad injustificada de la actividad inspectora, el art. 31.4 del Reglamento sólo anuda la consecuencia de tener por no interrumpido el cómputo de la prescripción. No obstante, sin desconocer la singularidad de las normas tributarias, incluso en el ámbito de los procedimientos administrativos tal y como determina la Disposición Adicional 5_ de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, Ley 30/92, no puede admitirse una interpretación de las normas tributarias al margen de los principios y garantías constitucionales que definen los derechos de los ciudadanos y la posición institucional de las Administraciones Públicas en un Estado de Derecho.". En esta sentencia, tras diferenciar la figura de la "prescripción" y de la "caducidad", se señalaba que: "La caducidad, en la nueva Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, a diferencia de la antigua Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, se proyecta tanto sobre la posición institucional de las Administraciones Públicas que, según el art. 43.4, "cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir efectos favorables para los ciudadanos -supuesto en el que se incluyen las actuaciones de la Inspección-, se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio órgano competente para dictar la resolución...".
Estos razonamientos junto a la regulación del Real Decreto 803/1993, de 28 de mayo, por el que se modifican determinados procedimientos tributarios, en relación con la Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/92, llevaron a la Sala a la consideración de que la aplicación de estos principios a las singularidades que ofrece la Administración tributaria es permisible en nuestro ordenamiento jurídico, pues "la Administración Tributaria no puede ser ajena a las garantías básicas que la Constitución -la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad- y las Leyes generales como la Ley 30/92 ofrecen a los ciudadanos".
Por último, se estimaba la "caducidad" solicitada por el interesado, matizándose: "...si bien, como determina el art. 92.3 de la Ley 30/92 y el art. 109.2 del nuevo Reglamento de Procedimiento Económico-Administrativo de 1 de marzo de 1996, esta caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones que puede ejercer la Administración, si bien los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción".
Sin embargo, la Sala consideró que la anterior interpretación jurídica de la figura de la "caducidad" en el ámbito tributario, en el estado legislativo actual, había de ser ser abandonado por las razones que a continuación se exponen.
En primer lugar, se ha de matizar que la institución de la "caducidad" tiene su razón de ser en la previa fijación de un plazo, al que queda supeditada la actuación al que se refiere, en el que inicio y finalización de dicha actuación aparecen fatalmente unidas. La consecuencia jurídica de la inactividad durante dicho plazo es el decaimiento del derecho no accionado.
En la materia que nos ocupa, "procedimientos de comprobación e investigación tributaria", como declarábamos en la sentencia citada, la ley no fija un plazo de duración a dichas actuaciones; incluso, el Real Decreto 803/1993, de 28 de mayo, de modificación de determinados procedimientos tributarios, en el Anexo 3 contempla los "procedimientos de comprobación e investigación tributaria", como procedimientos que "no tienen plazo prefijado para su terminación". Por otra parte, el art. 10 de la Ley General Tributaria, precisa que se regularán, en todo caso, por Ley: "d) Los plazos de prescripción o caducidad y su modificación".
En consecuencia, ante la inexistencia de la fijación de la duración del plazo para los procedimientos de comprobación e investigación por disposición legal, no procede la aplicación de la caducidad a los mismos, sin que ello sea óbice a la aplicación de la prescripción.
En segundo lugar, es cierto que el art. 87, de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contempla la "declaración de caducidad" como causa de "terminación" del procedimiento administrativo, pero la...
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ATS, 16 de Diciembre de 2004
...de 30 de enero de 2003, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Segunda) en el recurso nº 855/00, relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Por providencia de esta Sala de 30 de junio de 2004 se acordó poner de manifiesto a las partes......