SAN, 22 de Junio de 2007
| Ponente | JOSE ALBERTO FERNANDEZ RODERA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 8ª |
| ECLI | ES:AN:2007:3162 |
| Número de Recurso | 156/2005 |
SENTENCIA
Madrid, a veintidos de junio de dos mil siete.
Vistos los autos del recurso contencioso administrativo nº 156/05, que ante esta Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador D. SATURNINO
ESTÉVEZ RODRÍGUEZ, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE PORRIÑO
(PONTEVEDRA), frente a la Administración General del Estado, representada por el Sr. Abogado
del Estado, siendo codemandada la entidad "DRAGADOS, S.A." representada por el Procurador D.
NICOLÁS MUÑOZ RIVAS, contra resolución del Ministerio de Fomento de 21 de diciembre de 2004,
(que después se describirá en el primer Fundamento de Derecho), siendo Magistrado Ponente el
Ilmo. Sr. D. JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ RODERA.
Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito presentado el 25 de febrero de 2005, contra la resolución antes mencionada, acordándose su admisión por Providencia de 6 de abril de 2005, y con reclamación del expediente administrativo.
En el momento procesal oportuno, la parte actora formalizó demanda, mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2006, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.
El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado el 28 de abril de 2006, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando la desestimación del presente recurso. El codemandado contestó a la demanda en fecha 13 de julio de 2006.
Recibido el pleito a prueba por auto de 5 de octubre de 2006, se propuso por la parte actora la que a su derecho convino, con el resultado que obra en autos.
Dado traslado a las partes por su orden para conclusiones, las evacuaron, reiterándose en sus respectivos pedimentos.
Por Providencia de esta Sala, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 19 de junio de 2007, en el que se deliberó y votó, habiéndose observado en la tramitación las prescripciones legales.
Es objeto de impugnación en las presentes actuaciones resolución del Ministerio de Fomento de fecha 21 de diciembre de 2004, en la que inadmitió a trámite recurso de reposición interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE PORRIÑO (PONTEVEDRA), relativo a reclamación de daños y perjuicios por los causados en terrenos comunales y fincas particulares en ese término municipal, como consecuencia de la construcción de la Autovía de las Rías Bajas, Nacional 120, Tramo Batallanes-Porriño.
La demanda se basa, en síntesis, y entre otros extremos, en la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado, al amparo de los artículos 106.2 de la Constitución y 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la acreditada titularidad municipal de los terrenos afectados. La reclamación asciende a 54.331,49 euros (suma reconocida por la propia), con los intereses legales desde el día 23 de julio de 2004.
El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Del mismo modo el artículo 139.1 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece idéntico derecho, dentro del sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. La responsabilidad patrimonial de la Administración, ha sido configurada en nuestro sistema legal y jurisprudencialmente, como de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos, debe ser en principio indemnizada, porque como dice en múltiples resoluciones el Tribunal Supremo "de otro modo se produciría un sacrificio individual en favor de una actividad de interés público que debe ser soportada por la comunidad".
No obstante, también ha declarado de forma reiterada el Tribunal Supremo (por todas, sentencia de 5 de junio de 1.998 ) que no es acorde con el referido principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso producido, y que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración cuando actúa al servicio de los intereses generales no permite extender dicha responsabilidad hasta cubrir cualquier evento, lo que, en otras palabras, significa que la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administración Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o...
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