SAN, 28 de Abril de 2006
| Ponente | CONCEPCION MONICA MONTERO ELENA |
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 6ª |
| ECLI | ES:AN:2006:2698 |
| Número de Recurso | 89/2004 |
MERCEDES PEDRAZ CALVOJOSE MARIA DEL RIEGO VALLEDORSANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSOCONCEPCION MONICA MONTERO ELENAMARIA ASUNCION SALVO TAMBO
SENTENCIA
Madrid, a veintiocho de abril de dos mil seis.
Visto el recurso contencioso administrativo que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional ha promovido RTA, S.L., y en su nombre y representación la Procuradora Sra.
Dª María Isabel Campillo García, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por
el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución presunta de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria a la solicitud de fecha 9 de enero de 2003, relativa a responsabilidad patrimonial, siendo la
cuantía del presente recurso 215.649,4 euros.
Se interpone recurso contencioso administrativo promovido por RTA, S.L., y en su nombre y representación la Procuradora Sra. Dª María Isabel Campillo García, frente a la Administración del Estado, dirigida y representada por el Sr. Abogado del Estado, sobre Resolución presunta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la solicitud de fecha 9 de enero de 2003, solicitando a la Sala, declare el derecho apercibir en concepto de indemnización de daños la cantidad reclamada.
Reclamado y recibido el expediente administrativo, se confirió traslado del mismo a la parte recurrente para que en plazo legal formulase escrito de demanda, haciéndolo en tiempo y forma, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, y suplicando lo que en el escrito de demanda consta literalmente.
Dentro de plazo legal la administración demandada formuló a su vez escrito de contestación a la demanda, oponiéndose a la pretensión de la actora y alegando lo que a tal fin estimó oportuno.
No habiéndose solicitado recibimiento a prueba, y evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos y pendientes de votación y fallo, para lo que se acordó señalar el día dieciocho de abril de dos mil seis.
En la tramitación de la presente causa se han observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en las demás Disposiciones concordantes y supletorias de la misma.
Es objeto de impugnación en autos la Resolución presunta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la solicitud de fecha 9 de enero de 2003 relativa a responsabilidad patrimonial del Estado, por la que se deniega al recurrente la indemnización solicitada.
La recurrente reclama la indemnización de daños que nos ocupa como consecuencia de las actuaciones consecuencia de acuerdo de derivación de responsabilidad y responsabilidad solidaria por deudas tributarias por las cuales se retuvo determinadas devoluciones tributarias, se procedió al embargo de diversas fincas, si bien el mismo, a medida en que las fincas resultaban enajenadas se sustituyó por ingreso de las cantidades percibidas en la Caja de Depósitos y se embargó un vehiculo. Los acuerdos que originaron estas actuaciones fueron posteriormente anulados.
Entrando en el análisis de la cuestión que se nos somete, conviene recordar la doctrina declarada por el Tribunal Supremo en torno a la responsabilidad patrimonial de la Administración.
La responsabilidad patrimonial del estado, regulada en los artículo 106.2 de la Constitución , 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y 121 de la Ley de Expropiación Forzosa , - hoy 139 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre -, queda configurada mediante el acreditamiento de: a) daño efectivo, b) relación de causalidad entre el daño y la acción u omisión de la Administración, c) ausencia de fuerza mayor - sentencias de 20 de febrero y 25 de octubre de 1989 del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3º y 19 de enero de 1990 de la Sección 1ª -.
En relación con daño causado, es necesario que el perjudicado no tenga obligación de soportarlo, debiendo ser real y probado ya que la efectividad excluye, por su propia naturaleza, la eventualidad, posibilidad o contingencia.
En cuanto a la actuación de la Administración, no se exige que ésta sea antijurídica, ya que la obligación de indemnizar se configura como responsabilidad objetiva - sentencias del Alto Tribunal, Sala 3ª Sección 3ª de fecha 20 de febrero de 1989 y 14 de junio...
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STS, 18 de Febrero de 2011
...dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Sexta, en el recurso contencioso administrativo número 89/04 , sobre resolución presunta de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria a la petición formulada el 9 de enero de 2003, de que se decl......