SAN, 16 de Diciembre de 2002
| Emisor | Audiencia Nacional. Sala Contencioso Administrativo, Sección 7ª |
| ECLI | ES:AN:2002:6813 |
SENTENCIA
Madrid, a dieciseis de diciembre de dos mil dos.
Visto el recurso contencioso administrativo seguido ante esta Sección 7ª de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, con el núm. 1.243/01 e interpuesto por D. Carlos Manuel , que actúa en su propio nombre y derecho, contra resolución del
Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 7 de junio de 2.001, por la que se desestima la
reclamación interpuesta contra resolución de 29 de enero de 2.001 de la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones Públicas desestimatoria de recurso de reposición deducido contra
acuerdo de señalamiento de pensión de jubilación y en el que la Administración demandada ha
estado representada por el Sr. Abogado del Estado; y habiendo sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. Ana
Isabel Resa Gómez, Magistrada de la Sección.
Que la demandante formula el presente recurso en impugnación de los actos antes indicados y admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se entregó a la actora para que formalizara la demanda, evacuando el trámite en tiempo y forma, en la que verificó la exposición de hechos y alegó los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su pretensión en el suplico de la demanda, interesando se dicte sentencia por la que estimando el recurso se acuerde la inaplicación en el reconocimiento de su pensión de jubilación del artículo 5 del RD 432/2000, de 31 de marzo, por no estar ajustado a Derecho, procediéndose a la anulación de la obligación impuesta de satisfacer al Tesoro Público, de por vida 40.171 pesetas mensuales, por el reconocimiento del derecho a una pensión de jubilación en la que, además de los años de vida funcionarial, se le computen, en virtud de lo previsto en la Ley 13/96, años de profesión religiosa y que se le reconozca en la revisión de dicha pensión su derecho al abono especial de los cinco años previsto en la Disposición Adicional Decimonovena, uno de la Ley 33/87, de 23 de diciembre, desarrollada por el RD 202/88, de 11 de marzo, dado que en el momento de su jubilación, los años de servicios efectivos al Estado no rebasaban la cifra de 25.
Que de la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la Administración demandada contestó aquella con la alegación de hechos y la fundamentación jurídica que expuso, solicitando la desestimación de la demanda.
Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta fue declarada pertinente con el resultado obrante en autos, tras lo cual quedaron éstos conclusos y pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 12 de diciembre actual, en el que efectivamente se deliberó, votó y falló, habiéndose observado en la tramitación del presente recurso todas las prescripciones legales.
El presente recurso se interpone contra resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central de fecha 7 de junio de 2.001, por la que se desestima la reclamación interpuesta contra resolución de 29 de enero de 2.001 de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas desestimatoria de recurso de reposición deducido contra acuerdo de señalamiento de pensión de jubilación.
Son datos fácticos a tener en cuenta para la resolución del presente contencioso, los siguientes: 1.- D. Carlos Manuel , Profesor Agregado de Bachillerato, fue jubilado con carácter forzoso por cumplir la edad reglamentaria el 30 de septiembre de 1.993 y el órgano competente acreditó la prestación de un total de 17 años, 2 meses y 24 días de servicios efectivos al Estado prestados entre el 13 de octubre de 1.975 y el 30 de septiembre de 1.993, todos ellos en el Grupo A, índice 10 propio del Cuerpo al que pertenecía y la Dirección General de Costes mediante acuerdo de 15 de noviembre de 1.993 procedió al reconocimiento de la correspondiente pensión de jubilación, solicitando la interesada el 29 de enero de 1.999 el cómputo, como religioso secularizado, del tiempo transcurrido en dicha actividad y que, según documentación aportada, desarrollo entre el 7 de septiembre de 1.944 y el 5 de marzo de 1.974, con arreglo a todo lo cual la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por resolución de 29 de noviembre de 2.000, le señaló pensión ordinaria de jubilación en cuantía de 263.821 pesetas mensuales, abonable desde 1 de febrero de 1.999, señalándose que la parte de la pensión a cargo del interesado una vez aplicada la garantía del artículo 5 del RD 432/2000, que se reducirá en las sucesivas mensualidades en la forma establecida, asciende a 40.171 pesetas al mes. 2.- Disconforme con dicha resolución el actor interpuso recurso de reposición y ante su desestimación reclamación económico-administrativa ante el TEAC que igualmente desestimada motiva el presente contencioso.
Muestra la parte actora su disconformidad con la obligación que el artículo 5.1º del RD 432/2000 le impone, de satisfacer el capital coste en la pensión de jubilación reconocida, así como con el hecho de que no se efectúe el cómputo de cinco años previsto en la Ley 33/87, alegando en síntesis que el mandato contenido en la Disposición Adicional Décima de la Ley 13/96, de 13 de diciembre, para que el Gobierno aprobase las disposiciones normativas necesarias a fin de que a los sacerdotes y religiosos se les computase el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio y en el que no les fue permitido cotizar a la Seguridad Social por su falta de inclusión en dicho Sistema, se ha visto extralimitado por el artículo 5.1º del RD 432/2000, de 31 de marzo, dictado en desarrollo de la anterior, ya que la Ley de Clases Pasivas del Estado de 1.987 no establece ninguna contraprestación, careciendo, por otra parte, la Administración, de facultades para exigir dicha tasa, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la LGT, la facultad originaria de establecer tributos es exclusiva del Estado, ejerciéndose mediante Ley votada en Cortes y que la Ley 33/87 concedió al personal docente un abono especial de cinco años a efectos pasivos, desarrollado por el RD 202/1988, que no puede entenderse afectado por el RD 432/2000.
El Real Decreto 432/2000 efectivamente constituye el desarrollo reglamentario, así consta en su propio preámbulo, del mandato establecido por la...
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